Decenas de militares ingresaron intempestivamente esta madrugada a la embotelladora, ubicada en el estado Vargas, y se llevaron camiones cargados de las bebidas gaseosas, mobiliario e importantes documentos denunció la representante de la empresa.
«Esto es un atropello que pone en riesgo el abastecimiento de nuestros productos y cientos de puestos de trabajo. Las expropiaciones no se hacen por vías de hecho, sino conforme a la Constitución», dijo Pepsi Cola en un comunicado.
La expropiación de esta multinacional, contradice el llamamiento que hizo la semana pasada el presidente Nicolás Maduro a las empresas extranjeras para que inviertan en Venezuela.
El estado Vargas emitió un decreto de expropiación en enero pasado. Sin embargo, Pepsi Cola recordó que el pasado 15 de mayo se acordó un «arreglo» con las autoridades para mudar la instalación a otra zona, y aún no se han dado todos los pasos para concretar la mudanza, adujo la empresa en el documento entregado a los medios de comunicación.
«Responsablemente, no podemos mudarnos a otro lugar sin contar con la licencia, con el nuevo local que garantice una operación segura y con el muro perimetral para aislar a los residentes del ruido que genera la actividad», señaló la representante de la empresa Carla Hernández.
