El Congreso de la República del Perú ha avanzado en un proceso clave contra Betssy Chávez Chino, excongresista y exministra de Estado. Durante una sesión reciente, la Comisión Permanente revisó y aprobó el informe final de la Denuncia Constitucional 355, que propone acusar a Chávez por los delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias agravado. Estas acusaciones se derivan de presuntas irregularidades cometidas durante su gestión en los ministerios de Trabajo y Cultura, donde habría favorecido a familiares de su pareja sentimental, Antonio Sotelo Villa, con contratos en instituciones públicas.
La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña Peralta, fue la encargada de sustentar el informe ante la Comisión Permanente. Según el documento, Chávez habría utilizado su posición para beneficiar a terceros, lo que constituye una infracción grave a las normas éticas y legales. Este caso ha captado la atención del público y de los legisladores, especialmente porque Chávez ya enfrenta otras investigaciones por delitos como rebelión y conspiración, relacionados con eventos durante el gobierno de Pedro Castillo.
Un proceso que pasa al Pleno
El informe aprobado ahora será trasladado al Pleno del Congreso, donde se debatirá y votará para decidir si se formaliza la acusación contra la exministra. Para que el proceso avance, se necesitará el respaldo de la mayoría de los congresistas hábiles, excluyendo a los miembros de la Comisión Permanente que ya emitieron su opinión. Este paso será determinante para definir si Chávez enfrentará un proceso judicial por los cargos imputados.
El caso de Betssy Chávez ha generado opiniones divididas. Mientras algunos legisladores y ciudadanos aplauden la acción del Congreso como un esfuerzo por combatir la corrupción, otros cuestionan la rigurosidad de las pruebas presentadas en el informe. Este proceso, que combina elementos legales y políticos, sigue siendo un tema candente en el panorama peruano, y su resolución podría tener un impacto significativo en la lucha contra el abuso de poder en el país.
