La Defensoría del Pueblo solicitó al Tribunal Constitucional (TC) suspender urgentemente la ley que permite juzgar como adultos a adolescentes de 16 y 17 años por delitos graves como sicariato, homicidio calificado, extorsión o violación sexual.
Dicha norma, aprobada por el Congreso y promulgada el pasado 11 de mayo, modifica el Código Penal y el de Responsabilidad Penal de Adolescentes, eliminando medidas de protección especial para menores.
Medida cautelar
Además de presentar una demanda contra la ley, la Defensoría pidió una medida cautelar para frenar sus efectos mientras el TC evalúa su legalidad. Argumenta que la aplicación inmediata causaría daños "inminentes e irreparables" a los derechos de los adolescentes, priorizando el castigo sobre la rehabilitación.
Conflictos con tratados internacionales y Constitución
La Defensoría del Pueblo también advierte que la ley viola la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos, que exigen protección especial para menores.
Estos tratados, según la Constitución peruana, priman sobre leyes nacionales en materia de derechos humanos. Además, señala que la norma ignora el desarrollo psicosocial de los adolescentes, tratándolos como adultos pese a su vulnerabilidad.
