La Contraloría General de la República se declaró en crisis debido a un severo recorte presupuestal que amenaza con paralizar sus funciones esenciales de control y fiscalización en todo el país. El contralor general, César Aguilar, advirtió que, de no solucionarse esta situación antes de fines de mayo, se perderán 2,175 contratos laborales, lo que dejaría a la entidad con menos del 50% de su capacidad operativa.
“Nos van a mermar drásticamente en el 2024 con un presupuesto de S/ 1,600 millones, y para el 2025 se proyecta solo S/ 968 millones”, señaló Aguilar, quien alertó que esta reducción compromete el seguimiento de más de 2,500 obras paralizadas que representan más de S/ 46 mil millones en inversión pública.
Hasta la fecha, ya se han dejado de renovar 2,750 contratos, lo que equivale al 31.65% del personal de la institución. El contralor advirtió que esta situación se agrava en un contexto preelectoral, donde resulta crucial fiscalizar el uso de recursos públicos para evitar su uso indebido en campañas políticas. “Que los candidatos postulen con sus recursos, no con dinero del Estado. Tenemos que fiscalizar a la ONPE y acompañar su labor”, enfatizó.
SOLUCIONES QUE NO SE CONCRETAN
César Aguilar recordó que tanto la presidenta Dina Boluarte como el entonces ministro José Salardi se comprometieron a encontrar una solución legal, la cual aún no se concreta. “Primero se dijo que saldría por decreto supremo, luego nos informaron que solo podría salir mediante una ley”, detalló.
