El reciente nombramiento de César Sandoval Pozo como nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones ha desatado una ola de cuestionamientos. Aunque Alianza para el Progreso (APP) ha declarado públicamente que su designación no fue coordinada con el partido, Sandoval no solo forma parte de sus filas, sino que ocupa un puesto en su Comité Ejecutivo Nacional como responsable de organizaciones sociales y gremiales. Su participación activa en eventos políticos a favor de César Acuña, incluso cuando ya era parte del equipo técnico del Ejecutivo, refuerza las dudas sobre la transparencia en su incorporación al Gabinete.
Investigaciones pasadas y vínculos polémicos
La trayectoria de Sandoval ha estado marcada por investigaciones judiciales y episodios controversiales. En 1998 fue señalado por presunto peculado y falsificación documental durante su gestión en Pronamachs, y aunque no fue condenado, los hechos quedaron registrados. A ello se suma una denuncia por violencia familiar en 2017, archivada posteriormente. En 2019, su presencia junto al exfiscal Pedro Chávarry durante una polémica irrupción en oficinas del Ministerio Público aumentó la atención mediática. En ese tiempo, era parte del Partido Aprista Peruano.
Ya como funcionario del Ministerio de Energía y Minas en 2023, Sandoval sostuvo encuentros con actores relacionados con la minería ilegal y no formalizada. Aunque estos contactos no derivaron en procesos penales, generaron inquietud debido a la naturaleza de las actividades de estos sectores. Ahora, al frente del MTC, preocupa la posibilidad de que decisiones estratégicas en obras de infraestructura puedan estar condicionadas por intereses ajenos al interés público.
Este nombramiento se produce mientras el Gobierno intenta recomponer su Gabinete y tender puentes con el Congreso. Sin embargo, perfiles como el de Sandoval parecen entorpecer esa estrategia, al reactivar cuestionamientos sobre los criterios de selección ministerial y la supuesta desvinculación entre lo técnico y lo político dentro del Ejecutivo.
