El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció que su sector implementará una "redistribución" de la población penitenciaria en el Perú, tras una sesión del “cuarto de guerra”.
La medida responde a una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de mayo de 2020, que declaró un "estado de cosas inconstitucional" por el hacinamiento crítico en las cárceles y advirtió con cerrar las seis más sobrepobladas en 2025 no se solucionaba el problema.
Rediseño de estrategias
Arana criticó que "por más de diez años se dejó de lado una política penitenciaria efectiva", pero aseguró que el gobierno de Dina Boluarte "rompió esa inercia" con un rediseño de estrategias, asignación de presupuestos y ampliación de cobertura carcelaria.
“Hemos rediseñado la política penitenciaria nacional asignando presupuestos para ampliar la cobertura los establecimientos penitenciaron, para combatir el hacinamiento, el control deficiente y la falta de condiciones mínimas para la rehabilitación”, señaló.
Sin detalles de redistribución
El ministro destacó que el último viernes se realizó un operativo en el penal Ancón I, interviniendo 10 pabellones con apoyo del INPE, la PNP, FF.AA. y el Ministerio Público. Pese a su anunció, no señaló cuántos reos serán redistribuidos, cómo se garantizarán condiciones mínimas de rehabilitación y qué cárceles están priorizadas.
