El exministro de Salud, Víctor Zamora, enfrenta una posible inhabilitación política de 10 años tras la aprobación del informe final de la denuncia constitucional en su contra por la Comisión Permanente del Congreso.
La medida responde a las acusaciones de omisión de funciones durante la gestión de la pandemia de Covid-19. El informe, presentado por María Acuña y el congresista Jorge Montoya, lo responsabiliza de fallas críticas en la adquisición de oxígeno medicinal y pruebas diagnósticas.
Entre las principales acusaciones, se señala que Zamora habría obstaculizado la adquisición de oxígeno medicinal al 93%, exigiendo a los establecimientos de salud usar oxígeno al 99%. Esta decisión, según Montoya, agravó la crisis sanitaria en el país durante los momentos más críticos de la pandemia. La falta de oxígeno fue una de las mayores deficiencias durante la emergencia, dejando a miles de pacientes sin el tratamiento necesario.
CUESTIONAMIENTOS POR LAS PRUEBAS RÁPIDAS
Otro punto clave del informe es la responsabilidad de Zamora en la compra de pruebas rápidas, en lugar de pruebas moleculares recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según la denuncia, el exministro no observó el decreto de urgencia que autorizaba la adquisición de más de medio millón de estas pruebas, lo que habría dificultado la detección precisa del virus en los primeros meses de la pandemia.
