Política

Hace 2 meses

Dina Boluarte: PJ rechaza su pedido para que se cierre investigación por enriquecimiento ilícito

El Poder Judicial declaró infundada la solicitud presentada por la defensa legal de la mandataria para que la Fiscalía archive la investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Foto: Presidencia



El Poder Judicial rechazó el pedido de la presidenta de la República, Dina Boluarte, para que se archive la investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, encabezado por el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, declaró infundada dicha solicitud de control de plazo que fue presentada por la defensa legal de la jefa de Estado. 

“La decisión de la Fiscalía de declarar compleja la investigación, así como establecer el plazo de ocho meses resulta aplicable y, en ese sentido, no infringe principio alguno como debido proceso o plazo razonable”, se lee en el documento sobre la investigación preliminar que se le sigue a la mandataria “por el delito de enriquecimiento ilícito y otro en agravio del Estado

Por lo tanto, el plazo de investigación contra Boluarte Zegarra seguirá siendo del 17 de mayo del 2024 y el 17 de enero del 2025

INVESTIGACIONES CONTRA DINA BOLUARTE

La jefa de Estado es investigada por la Fiscalía de la Nación por un supuesto incremento de dinero en sus cuentas bancarias y por presuntos depósitos de origen desconocido, que se habría realizaron entre el 29 de julio del 2021 y agosto del 2022 y por hechos relacionados a otras pesquisas sobre el financiamiento de las campañas electorales de Perú Libre. 

Por otro lado, también es investigada por la “donación” que le realizó el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, de relojes de marca Rolex, una pulsera bangle y un par de aretes de argollas con diamantes. 

Ante estas acusaciones, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena presentó ante el Legislativo una denuncia constitucional contra la mandataria por el presunto delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado.

(Con información de RPP y El Comercio)


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