En un giro controversial, la Ley de Extinción de Dominio de Perú, una herramienta clave en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, se ha visto desafiada por una demanda de inconstitucionalidad presentada por el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.
La ley, que permite al estado incautar bienes adquiridos a través de actividades ilícitas sin condena penal previa, ha sido criticada por Gutiérrez, quien argumenta que viola principios constitucionales fundamentales como el derecho de propiedad y la presunción de inocencia.
Manuel Luján Túpez, presidente de la Mesa de Trabajo del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, defendió la ley alegando que la demanda se basa en una interpretación penalista y en legislaciones de otros países que no corresponden directamente al contexto peruano.
EMITIERON COMUNICADO
En un comunicado difundido a través de la plataforma X, Luján Túpez expresó preocupación por cómo esta impugnación podría beneficiar a individuos que han evadido la justicia, incluyendo testaferros y corruptos, cuyos bienes no siempre están a su nombre.
La preocupación se extiende a actividades como la minería ilegal, el tráfico de drogas y otras formas de crimen organizado.
