El Estado peruano, a través de la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato, ha solicitado al Poder Judicial que un grupo de exautoridades vinculadas al Partido Aprista Peruano (APRA) realicen un pago solidario de 69 millones 743 mil 597.68 soles en concepto de reparación civil.
Esta petición se enmarca en la investigación preparatoria que se sigue a estos exfuncionarios por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de Odebrecht.
Adicionalmente, la defensa legal peruana ha demandado que estos individuos paguen un millón 435 mil 200 dólares como indemnización al Estado.
¿CÓMO SE ORIGINA ESTE CASO?
El origen de este proceso judicial se remonta a 2018, cuando el exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, reveló que la empresa brasileña entregó 200 mil dólares para financiar presuntamente la campaña presidencial de 2006 del líder aprista Alan García.
Esta declaración llevó a la fiscal María Salazar, del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato, a formalizar en 2023 una investigación preparatoria de 36 meses, catalogada como "compleja". Entre los investigados se encuentran exministros y exlegisladores del APRA.
