Luego que se anunciara que el gobierno busca sancionar, con hasta tres años de cárcel suspendida, a fiscales o jueces que filtren información sobre investigados, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), se pronunció calificando de obstrucción de aporte periodistico, a este hecho.
“IPYS observa con preocupación estas iniciativas por considerar que obstruyen el aporte a la justicia desde la investigación periodística y se mantiene vigilante ante cualquier norma que perjudique la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a estar informada”, señaló la entidad.
Asimismo, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) calificó como un ‘potencial riesgo’ para la actividad que realizan los periodistas, este nuevo proyecto de ley.
“La ANP alerta sobre el potencial riesgo para la actividad periodística de concretarse este proyecto que se propone desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Criminalizar a las fuentes suma a la opacidad y obstruye el aporte a la justicia desde la investigación periodística”, acotó.
RESPUESTA DEL MINISTRO DE JUSTICIA
Por otro lado Félix Chero, ministro de Justicia y Derechos Humanos, señaló que este proyecto de ley afectaría el debido proceso, y no la libertad de expresión, ya que los periodistas seguirán contando con el derecho a no revelar sus fuentes.
“Hemos identificado dos situaciones que tienen que ser reguladas por norma, una es el tema que el Código Procesal Penal que dice que la investigaciones es reservada. Es decir, solo pueden tener acceso las partes del proceso, no estamos hablando de los medios, ellos tienen sus propias fuentes, hay libertad de expresión y hay respeto absoluto”, acotó
