El Tribunal Constitucional (TC) citó al ministro de Educación, Martín Benavides, a la segunda audiencia virtual para supervisar el cumplimiento de la sentencia que emitió en 2017 en favor de las hermanas Marleni y Elita Cieza Fernández por afectar su derecho de acceso a la educación.
Con esa resolución el TC ordenó al Ministerio de Educación el diseño, propuesta y ejecución de un plan de acción que en un plazo máximo de cuatro años, a vencer el 28 de julio de 2021, pueda asegurar la disponibilidad y accesibilidad a la educación de niños, adolescentes y mayores de edad de extrema pobreza del ámbito rural.
Las hermanas Cieza viven en el caserío La Flor, en el distrito de Cumba, donde no existe un Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) que impartiera el nivel de educación secundaria para adultos.
La institución educativa más cercana estaba ubicada a cuatro horas de distancia de ida, dos horas caminando y otras dos horas en movilidad, más otras cuatro horas de vuelta, lo que hacía imposible que asistan diariamente.
A pesar de que las hermanas, de 18 y 19 años, lograron matricularse en la IE 16957 Jesús Divino Maestro, ubicada cerca de su vivienda, para estudiar el primer año de secundaria, la Unidad de Gestión Educativa Local de Utcubamba, Amazonas, no autorizó ni reconoció de manera excepcional sus matrículas.
