El pasado 12 de febrero, el Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado decidió culminar la designación del procurador ad hoc, Jorge Ramírez en las investigaciones y procesos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios por el caso Odebrecht, y pese a que no se especificaron las razones de la separación, su salida fue en medio de los cuestionamientos por presuntamente haber intentado establecer una mesa de diálogo entre el Ejecutivo y la empresa brasilera por el caso Gasoducto Sur Peruano, proyecto por el cual la compañía ha demandado al Estado peruano por un monto de US$1.200 millones.
Aunque el primer ministro Vicente Zeballos manifestó que el Gobierno tomaba con extrañeza la medida, unas conversaciones de WhatsApp, difundidas por un medio local, revelan que Jorge Ramírez le informó a la exministra de Justicia, Ana Teresa Revilla, las intenciones de Odebrecht en demandar al Estado.
Las conversaciones empiezan el 26 de diciembre del 2019. Ramírez le informa a Revilla sobre la reunión que tuvo con el también exministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen.
“Estimada ministra, hoy en la reunión con el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, me fue bien. Él quiere destrabar el proyecto gasoducto, y eso pasa también con solucionar el problema de los tubos, él dice que si la propiedad de los tubos es del consorcio conformado por Enagás y Odebrecht, qué hace el estado gastando plata en la custodia de los mismos. Y ha quedado en recibir a los funcionarios del consorcio (Odebrecht) el jueves 9 de enero. El principal problema desde mi perspectiva es que no había comunicación", le escribió.
Un día después del encuentro, Revilla le escribe a Ramírez solicitando una reunión, y pese que la cita ya estaba pactada, la exministra no apareció y le pidió que se reúna con Cecilia García, "como comisión especial de la ley 28933”.
El informe dominical también señala que la ministra de Economía, María Antonieta Alva, expresó su molestia luego de que la constructora pidiera postergar el plazo de prescripción para presentar un arbitraje. Alva habría discrepado sobre este punto con su colega Revilla y llamó al entonces titular del Minen y al premier Zeballos tratando de buscar una explicación sobre la prórroga de la prescripción no era competencia de su sector.
“Tengo entendido que este tema no causó buena impresión en la ministra de Economía que le reclamó este asunto a la ministra de justicia y o desde ahí ya no hice más sobre el particular [...] Lo que tengo entendido es que no le habría parecido bien que la reunión que sostuvimos con el ministro de Energía y Minas ni el tema que le fui a exponer”, comentó Ramírez.
Tras la incomodidad de Alva, Zeballos se reunió con el exprocurador para revisar el acuerdo. “Él [Vicente Zeballos] me dijo que utilizara los canales adecuados y que el Gobierno no negocia con corruptos. No [me dio otra alternativa] porque me di cuenta cuál es la posición oficial del Estado peruano, que no había forma de negociar con Odebrecht la ampliación del plazo de prescripción”, afirmó el exprocurador.
