Catorce años después de que Fernando Olivera hiciera gestiones ante la Contraloría General de la República para que las observaciones al proyecto de la Carretera Interoceánica Sur sean levantadas, y un año después de que lo reconociera en la Comisión Lava Jato del Congreso, el polémico 'moralizador' fue interrogado en la Fiscalía por este megaproyecto que odebrecht logró adjudicarse pagando coimas a altos funcionarios.
El otrora aliado del prófugo exmandatario Alejandro Toledo señaló en el grupo de trabajo congresal, en ese entonces, que “es un refrito, en verdad, porque todo lo basan en una conferencia de prensa que yo di el 13 de agosto, cuando rompimos el acuerdo de gobernabilidad y moralidad con Perú Posible. Y en una declaración política di cuenta del trabajo del Frente Independiente Moralizador del cual era presidente”.
Olivera, de esta forma intentaba minimizar los cargos por los que había sido citado, pero todo indica que estos nunca se investigaron a fondo.
Lo que llama la atención de más de uno es que ahora Olivera vive en Europa y no fue ni será involucrado en el caso Ecoteva, debido a que nivel fiscal la acusación ya fue cerrada. En el caso Lava Jato que se le sigue a Toledo desde hace 3 años tampoco figura en esa condición.
De acuerdo a un informe periodístico publicado hoy por el diario Expreso, el 30 de enero del presente Sebastián Garaycochea presentó una denuncia contra olivera ante la primera Fiscalía Supraprovisional Corporativa especializada en delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio por organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias, negociación incompatible y lavado de activos. Dos semanas después agregó indicios en un segundo escrito.
Garaycochea indicó al referido medio: “Me estoy basando en lo que ha salido en medios de comunicación, y de lo cual no se ha conocido que haya investigación para Olivera. En la denuncia están también Toledo y los exministros Javier Ortiz Rivera y René Cornejo, porque hay indicios de que ellos fueron parte del andamiaje para favorecer a Odebrecht”.
Los hechos en cuestión, siguiendo con el citado medio, son las mismas declaraciones del denunciado, en las que refiere que en julio de 2005 había acudido a la sede de la Contraloría para conversar con su entonces titular, Genaro Matute, para dejar sin efecto las observaciones al proyecto IIRSA Sur, al que Toledo había pedido favorecer.
El denunciante también menciona que “Barata declaró que le habían dado unos 20 millones de dólares a Toledo a través de su testaferro Josef Maiman, pero en los peritajes de la misma Fiscalía solo hay poco más de 9 millones en las cuentas de Maiman. Queremos saber dónde fue este saldo, si a Olivera, Ortiz, Cornejo u otro operador”, agrega el denunciante.
LA SUSPICAZ LENTITUD EN EL CASO TOLEDO
Este último domingo, en Panorama se dio a conocer una fuerte acusación del fiscal José Domingo Pérez en contra de su colega Hamilton Castro, quien tenía bajo su cargo el caso Lava Jato hasta 2018. Domingo Pérez dijo que su homólogo había demorado el trámite del proceso contra Toledo, por “inactividad”, lo que había permitido que este fugue a Estados Unidos.
Según Pérez, esta “inactividad” tendría su origen el 21 de noviembre de 2016, fecha en la que el exejecutivo de Odebrehct, Jorge Barata, solicitó acogerse a la colaboración eficaz, que de acuerdo a Expreso, se inició de inmediato, se levantó un acta y lo más saltante es que Barata declaró en detalle el soborno que la constructora pagó al entonces mandatario Alejandro Toledo.
Sin embargo, el 10 de enero de 2017, 42 días después, el otrora líder de Perú Posible huye del país, cuando no se había avanzado lo suficiente en el expediente sobre su caso.
La denuncia del fiscal no solo involucra a Castro sino también al entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien tampoco habría hecho mucho. El tema va más allá, pues cuando Sánchez presentó al primer equipo especial Lava Jato, encabezado por Castro, indicó que a tras la declaraciones de Barata , no habían nombres en el caso del expediente abierto.
“… Se ha afirmado en algunos medios, que yo conozco el nombre de las personas involucradas en estos hechos, en estas investigaciones (…) esto no es cierto (…)todavía no hay nombres”, dijo en su momento el alto magistrado, pese a que el expediente ya se encontraba abierto.
Una vez fugado Toledo, el fiscal Castro recién decide iniciar las diligencias de colaboración, de acuerdo a lo dicho por Pérez. En su defensa Castro ha manifestado que no podía iniciar investigación pues no contaba, de parte de Odebrecht, con documentación sobre Toledo, los mismos que recién llegaron en febrero de 2017 y tildó las imputaciones de Domingo Pérez como subjetivas.
“Es como si yo dijera que el señor Pérez ha incurrido en inactividad o en alguna omisión porque no ha requerido dentro de la colaboración eficaz (…), en febrero de 2017, a la empresa Odebrecht, respecto de otros pagos ilícitos que se habrían efectuado, respecto de más de 20 proyectos que deberían ser dilucidados”, fue lo que respondió Castro a Pérez.
