Según la Fiscalía, el pedido de prisión preventiva para el exgobernador Edwin Licona, se debería a que se desconoce el lugar de trabajo de la ex autoridad cusqueña luego de haber abandonado el Gobierno Regional del Cusco, además de la falta de arraigo en la región.
Por las razones expuestas, este 27 de junio el juez Carlos Román, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria en Delitos de Corrupción de Funcionarios en Cusco, decidirá la suerte del exfuncionario, quien es acusado de presuntos delitos de colusión simple, negociación incompatible, cohecho pasivo y omisión de funciones.
En dicha fecha se evaluará el pedido de prisión preventiva de 8 meses para el ex gobernador regional, interpuesto por la Fiscal Gladys Aparicio, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
El caso data desde el 2016, cuando la gestión de Licona adjudicó 19 licitaciones de manera irregular. Según la denuncia estas adjudicaciones se hicieron sin tomar en cuenta los criterios técnicos necesarios y se contrató los servicios con empresas sin experiencia ni aval económico.
