La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, expresó su firme rechazo a la Ley N.º 32330, que permite procesar penalmente a adolescentes de 16 y 17 años como si fueran adultos. Durante una declaración a medios de comunicación, Tello argumentó que esta normativa no solo infringe la Constitución Política del Perú, sino también los tratados internacionales suscritos por el país. Según la magistrada, tratar a menores en situación de vulnerabilidad como delincuentes adultos desconoce las particularidades de su condición y los expone a entornos carcelarios que podrían agravar su situación, en lugar de promover su rehabilitación.
Tello destacó que muchos de estos adolescentes provienen de contextos de abandono, violencia o familias desestructuradas, lo que los convierte en víctimas de su entorno antes que en criminales. En este sentido, subrayó que el sistema de justicia penal juvenil ya cuenta con herramientas efectivas para sancionar a menores infractores, enfocándose en la resocialización y la justicia restaurativa. Según datos mencionados por la presidenta, menos del 2 % de los adolescentes están involucrados en delitos, y la reincidencia en este grupo es mínima, lo que evidencia la eficacia del sistema actual.
Análisis de una posible demanda constitucional
El Poder Judicial está evaluando sumarse a la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo contra la Ley N.º 32330 ante el Tribunal Constitucional. Tello señaló que enviar a adolescentes a cárceles de adultos equivale a internarlos en “escuelas del delito”, donde lejos de rehabilitarse, podrían ser captados por redes criminales. Esta postura coincide con la de organismos internacionales como Unicef, que también han cuestionado la norma por contravenir la Convención sobre los Derechos del Niño.
La controversia en torno a esta ley ha generado un amplio debate. Mientras algunos sectores del Congreso defienden la norma como una medida para combatir la inseguridad, instituciones como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo la consideran un retroceso en la protección de los derechos de los menores. Tello instó a las autoridades a reflexionar sobre el impacto de la legislación y a priorizar políticas que protejan a los adolescentes en lugar de castigarlos de manera desproporcionada.
