El próximo martes 13 de mayo, el Poder Judicial evaluará si ordena o no reabrir la investigación preliminar que afrontó la presidenta de la República, Dina Boluarte en la Fiscalía de la Nación, por el presunto delito de genocidio, por los muertos registrados durante las protestas sociales en su contra de diciembre del 2022 y enero del 2023.
El juez Juan Checkley analizará la tutela de derechos que presentó el abogado Magno Sánchez, en representación de la familia de Nixon Sánchez, muerto en estas protestas, que busca anular la disposición dictada por la Fiscalía, en julio del 2024, que ordenó el archivo de la investigación contra la mandataria por el presunto delito de genocidio.
PRESUNTO DELITO DE GENOCIDIO
En el recurso se alega, entre otros, que al emitirse dicha disposición fiscal “se recortó el derecho de recurrir las disposiciones fiscales de uno de los operadores de la investigación: uno de los agraviados y por haber faltado a las obligaciones de defender la legalidad no solo en la aplicación de los derechos sino en garantizar el debido proceso".
Si bien el entonces fiscal de la Nación, Juan Villena, dispuso el archivo de la investigación a la presidenta Boluarte Zegarra por el presunto delito de genocidio, sí presentó el 30 de julio del 2024 una denuncia ante el Congreso contra la mandataria y sus exministros por la muerte de más de 40 personas durante estas manifestaciones sociales, informa RPP.
