ACTUALIZACIÓN
La presidenta Boluarte acudió este lunes 24 de febrero a la sede del Ministerio Público alrededor de las 8:22 de la mañana, a fin de brindar sus declaraciones sobre el caso Qali Warma cuando lideraba la cartera del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).
La Fiscalía acusa a la mandataria por el presunto delito de negociación incompatible, pues según la hipótesis de la entidad, Boluarte habría favorecido a la corporación Belcen con contratos del programa Qali Warma. Además, Cluteldo Beltrán, dueño de la corporación Belcen, estaría vinculado a aportantes de su campaña electoral a la vicepresidencia el 2021, según acusaciones de Henry Shimabukuro y Maritza Sánchez.
NOTA ORIGINAL
La presidenta Dina Boluarte fue citada por la Fiscalía de la Nación para rendir declaración en dos investigaciones que han sacudido el panorama político. Según lo dispuesto por la fiscal Delia Espinoza, la mandataria se presentará el lunes 24 de febrero en la sede principal del Ministerio Público, ubicada en la avenida Abancay, en el centro de Lima, para responder por el caso Qali Warma. La diligencia se enmarca en la investigación preliminar por el presunto delito de negociación incompatible, derivado de su gestión al frente del MIDIS durante el gobierno de Pedro Castillo.
CASO QALI WARMA
El interrogatorio de Boluarte se centra en los contratos adjudicados al programa Qali Warma, que habrían beneficiado a la Corporación Belcen, empresa propiedad de Cluteldo Beltrán Salinas. Con un monto de 4.700.000 soles en juego, la investigación apunta a que, en su calidad de ministra de Estado, la presidenta habría favorecido a la compañía, la cual se vincula a aportantes de su campaña electoral para la Vicepresidencia en 2021. Estos hechos han generado una intensa polémica sobre el uso de recursos públicos y la transparencia en la contratación estatal.
CASO COFRE PRESIDENCIAL
La crisis se profundiza con una nueva citación: el martes 25 de febrero, Boluarte deberá rendir declaración por el presunto delito de encubrimiento personal en agravio del Estado, relacionado con el uso del vehículo presidencial durante la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en un operativo policial realizado en el distrito de Asia, provincia de Cañete, en febrero de 2024. La diligencia fue reprogramada luego de que la presidenta optara por ejercer su derecho a guardar silencio el pasado 29 de enero, derecho que fue posteriormente desestimado por el juez supremo Juan Carlos Checkley el 10 de febrero.
La controversia en torno a las citaciones de la presidenta ha encendido el debate sobre la rendición de cuentas en la más alta esfera del poder. Expertos en derecho penal y análisis político aseguran que estos interrogatorios pueden marcar un antes y un después en la lucha contra la impunidad y en el fortalecimiento de la transparencia gubernamental.
