El Poder Judicial analiza este miércoles el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra Elizabeth Peralta, fiscal suspendida del Ministerio Público, investigada por presuntamente participar en un caso de tráfico de influencias y cohecho.
Según las investigaciones, Peralta habría intercedido junto a Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín', en la devolución de oro a cambio de un soborno.
El caso que involucra a Peralta y Hurtado
La investigación señala que Elizabeth Peralta, junto con el empresario minero Javier Miu Lei y el expresentador de televisión Andrés Hurtado, habría gestionado la devolución de un lote de oro confiscado. Según la tesis fiscal, esta gestión se habría realizado a cambio de un pago indebido, motivo por el cual Hurtado cumple actualmente prisión preventiva.
El proceso contra Peralta adquirió mayor relevancia en septiembre de este año, cuando la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público decidió suspenderla por inconducta funcional. Este hecho, sumado a las pruebas presentadas por la Fiscalía, ha llevado al Poder Judicial a solicitar una medida cautelar más severa.
División en el Poder Judicial: un voto clave pendiente
La resolución del pedido de prisión preventiva ha sido postergada debido a una división en los votos de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. En la última audiencia, tres magistrados se pronunciaron a favor de la comparecencia, mientras que dos respaldaron el dictado de prisión preventiva. Ante esta situación, se convocó al juez Saúl Peña para emitir un voto dirimente.
El resultado de esta audiencia será decisivo para el avance del caso, que involucra figuras mediáticas y autoridades del ámbito judicial. Con el foco puesto en los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo, la decisión del juez podría marcar un precedente importante en la lucha contra la corrupción en el país.
