La corrupción, en términos de cohecho y tráfico de influencias, representa un desafío grave para la administración pública en Perú, manifestó el juez de la Corte de Lima, Mario Eloy Sulca Quispe. Estos delitos interfieren directamente con el funcionamiento eficiente de las instituciones estatales y comprometen la transparencia y la confianza que la ciudadanía deposita en sus servidores públicos.
El cohecho, comúnmente conocido como soborno o coima, involucra ofrecer algo de valor a un funcionario público a cambio de una acción que incumpla sus deberes. Este delito se penaliza con entre 4 y 6 años de cárcel, según el contexto y la gravedad de la infracción. Sulca Quispe proporcionó ejemplos claros de cómo estas acciones pueden afectar el proceso judicial y administrativo, destacando el daño que tales actos pueden infligir al sistema legal y administrativo.
Tráfico de influencias y sus consecuencias
El tráfico de influencias, por otro lado, implica el uso indebido de posiciones de poder o conexiones para favorecer intereses personales o de terceros en procedimientos judiciales o administrativos. Este delito puede conllevar penas de hasta 8 años de prisión en sus formas más graves. Sulca Quispe advirtió sobre los peligros de estas prácticas, subrayando cómo pueden comprometer la equidad y la integridad de las decisiones gubernamentales.
Penas combinadas por corrupción
El magistrado también explicó que en casos de concurso de delitos, como cohecho y tráfico de influencias juntos, las penas podrían sumar hasta 14 años de cárcel. Este punto resalta la seriedad con la que el sistema judicial peruano trata la corrupción, buscando disuadir a los potenciales infractores mediante penas significativas.
Finalmente, Sulca Quispe hizo hincapié en la necesidad de clarificar los roles y las responsabilidades de los funcionarios públicos para evitar estos delitos. La educación y la concienciación son fundamentales para combatir la corrupción y promover un gobierno más transparente y justo en Perú.
