El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, enfrentará la continuación de una investigación por lavado de activos, un caso derivado de los infames 'Panama Papers'.
Esta decisión llega después de que el juez Jorge Chávez Tamariz rechazara el pedido de excepción de improcedencia de acción presentado por la defensa del alcalde, la cual buscaba el archivo de la causa.
El magistrado sostuvo que los hechos imputados por el Ministerio Público son constitutivos del delito de lavado de activos, rechazando los argumentos de que estos fueran atípicos o divergentes de la normativa vigente.
En una resolución emitida el 9 de septiembre, el juez Chávez Tamariz invocó la jurisprudencia de la Corte Suprema y normativas de la OEA para subrayar la autonomía del delito de lavado de activos respecto a delitos previos, en este caso, colusión agravada.
Según el fallo, esta independencia procesal permite que se investigue a López Aliaga sin obstáculos por presuntamente ocultar fondos ilícitos. Este enfoque subraya la seriedad con la que el sistema judicial peruano aborda las implicaciones de los 'Panama Papers' y los esfuerzos por erradicar la corrupción.
IMPLICACIONES MÁS AMPLIAS
Este revés judicial para López Aliaga no solo resalta su situación legal complicada sino que también pone de relieve las dinámicas de poder en la política peruana. El Ministerio Público lo acusa de haber participado en actividades corruptas entre 2012 y 2014, cuando supuestamente facilitó y ocultó transacciones financieras ilícitas a través de su empresa ACRES INVESTMENTS S.A.
Estas acusaciones, que involucran sumas significativas obtenidas ilícitamente de la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima, intensifican la atención sobre las prácticas financieras de figuras públicas y sus conexiones empresariales.
