Panorama

05/05/2025

Secretos de un romance con dinero del Estado: la denuncia constitucional de la Fiscalía contra Alberto Otárola

La Fiscalía formalizó una denuncia constitucional contra el expremier por la contratación irregular de su entonces pareja sentimental Yaziré Pinedo, caso que fue revelado en exclusiva por Panorama.




La Fiscalía de la Nación ha presentado esta semana una denuncia constitucional contra el expremier Alberto Otárola por presuntas irregularidades en los procesos de contratación de Yaziré Pinedo Vásquez, joven con la que mantenía una relación sentimental. La acusación se refiere a los servicios prestados por Pinedo en el Ministerio de Defensa y la Presidencia del Consejo de Ministros, instituciones donde Otárola Peñaranda habría ejercido influencia directa para facilitarle contratos por un monto total de 53 mil soles.

Según reveló Panorama, Pinedo se reunió con Otárola en diciembre de 2022, cuando este era ministro de Defensa. Aunque dicho encuentro no figura en los registros oficiales, semanas después, la joven obtuvo una orden de servicio por 18 mil soles. Más adelante, en mayo de 2023, recibió otra por 35 mil. Ante estas graves revelaciones, el expresidente del Consejo de Ministros ha negado en reiteradas oportunidades cualquier irregularidad en la contratación de Yaziré Pinedo, asegurando que solo la vio una vez.

Sin embargo, tras la difusión de audios y conversaciones, Yaziré Pinero no tuvo otra opción que confesar a Panorama que, efectivamente, mantenían una relación sentimental con Alberto Otárola desde hacía varios meses. El caso se volvió aún más controversial y polémico al descubrirse en las grabaciones un aparente uso del poder para fines personales a favor del expremier, lo cual, según el Ministerio Público, podría configurar un delito contra la administración pública.

¿QUÉ LE ESPERA A OTÁROLA?

Tras la presentación de la denuncia constitucional contra Alberto Otárola, el caso queda en manos del Congreso de la República, que deberá evaluar si el expresidente del Consejo de Ministros debe ser sometido a un antejuicio político que podría terminar en su inhabilitación o si debe enfrentar un proceso penal. El documento se presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, y se espera una decisión formal en los próximos días. 


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