La violencia minera vuelve a encender las alarmas en el sur del país. En el distrito de Atico, en Caravelí, el enfrentamiento entre mineros informales ha dejado un saldo de 14 muertos desde 2022, en un caso aún sin justicia ni responsables identificados. A pesar de la magnitud de la tragedia, la Defensoría del Pueblo reclasificó el conflicto como “latente” en julio de 2024, reduciendo su prioridad en la agenda estatal. La decisión ha sido duramente cuestionada, especialmente porque la violencia persiste en una zona marcada por la minería ilegal y la presencia de organizaciones armadas.
La disputa comenzó en 2020, cuando la asociación Calpa Renace intentó tomar control de la unidad minera Calpa, en manos de la empresa Intigold Mining. Los enfrentamientos con Atico Calpa, otro grupo informal que aseguraba tener acuerdos con la empresa, se intensificaron hasta llegar a la masacre del 2 de junio de 2022. Aquella jornada, ambos bandos utilizaron armas de guerra y explosivos en la zona de Huanaquita. La Policía intervino, pero fue atacada, y los cadáveres quedaron regados en el desierto. Dos años después, nadie ha sido acusado formalmente.
Un reciente reportaje de Panorama reveló nuevas amenazas en la zona. Un equipo periodístico accedió a la zona minera y mostró imágenes de un sujeto armado, identificado como Pedro Cutire Rodríguez, enviando advertencias a uno de los grupos enfrentados. También se difundió una presunta tregua entre las dos asociaciones mineras responsables de los hechos de 2022, aunque no está claro si se trata de un pacto real o una estrategia temporal para evitar más enfrentamientos.
MINEROS TRABAJAN CON MIEDO
Pese a las promesas de control, los reclamos de los trabajadores informales persisten. En abril de 2025, se registró una protesta en Atico para exigir el fin de los controles policiales y el acceso libre a las zonas de extracción. Los manifestantes, cuya situación legal no está definida, también pidieron el respeto a la construcción de una vía que facilite el transporte de minerales. Mientras tanto, el Estado parece haber bajado la guardia en una zona donde el oro sigue dictando las reglas.
