La gestión del Gobernador de la región Áncash, Juan Carlos Morillo, está hoy bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción, la Procuraduría y la Contraloría de la República debido a la millonaria inversión destinada- que supera los 624 mil soles- para la construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón que no cumpliría con los requisitos básicos para ser una UCI.
Fue presentada por todo lo alto por el propio Gobernador hace unos días y, hoy 10 días después él asegura que no se trata de una zona para atender a pacientes COVID-19, según su versión se trataría de un área de hospitalización. Se destinaron más de 624 mil soles para la creación de una UCI para pacientes con coronavirus, cuya construcción estuvo a cargo de la Constructora Quimera, empresa que no tiene experiencia en obras para servicios de salud.
Una millonaria inversión durante la emergencia sanitaria, contratos directos con errores técnicos tan clamorosos. La sombra de la corrupción más vil, en medio de la pandemia, desde compras hasta adjudicaciones directas y a la fecha sus autoridades parecen aún no entender la gravedad de la situación que se vive en el país.
