Los 126 inspectores de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y las fuerzas del orden, no son suficientes para fiscalizar el cumplimiento de los nuevos protocolos de sanidad y las medidas establecidas por las autoridades de salud, para que el transporte público reinicie sus actividades en nuestro país y no represente una amenaza durante la pandemia.
El masivo tránsito de la COVID-19 y el rechazo a los nuevos protocolos de bioseguridad para evitar contagios de coronavirus, pone en riesgo la vida de cientos de personas que necesitan usar el transporte público para desplazarse a sus centros de labores y domicilios.
Las nuevas medidas sanitarias en el transporte público ingresan a un sistema vial deficiente, donde la necedad predomina sobre la conciencia y el cuidado a la salud. La desinfección de las unidades de buses ante cada jornada de viaje es obligatoria. Sin embargo, la ATU detectó que no se cumple y los pasajeros conviven con los gérmenes del día anterior.
Según el nuevo protocolo de transporte urbano, tanto el chófer como el cobrador deben tener jabón líquido o alcohol en gel, el aforo debe ser el 50 % de la capacidad total del vehículo, las ventanas deben ir abiertas para la ventilación de la unidad, el asiento del chófer debe estar separado por un protector transparente, además de usar obligatoriamente la mascarilla.
