En el 2022 se gastó en el país aproximadamente S/ 27 mil millones en contrataciones de bienes, servicios y/o obras bajo el marco de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE), lo que equivale el 47% del total de S/ 57 500 millones de gasto público realizado en dicho período, mientras que el 32% (S/ 18 580 millones) se gastó en contrataciones sin proceso, ya que son compras cuyo valor es menor a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), informó hoy el contralor general, Nelson Shack, durante su participación en la mesa de trabajo de análisis de aportes y recomendaciones al proyecto de Ley 5472, que plantea una la nueva Ley de Contrataciones del Estado, organizado por el Congreso de la República.
“El año pasado, durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, se gastaron S/ 18 580 millones en compras menores a 8 UIT, en consecuencia es una contratación a dedo. No hay competencia, no hay pluralidad y hay poca transparencia, todos sabemos cómo funciona esta modalidad en el Estado, todo es una farsa que cumple con la normatividad”, refirió.
En ese sentido, enfatizó que si las autoridades peruanas desean procurar que haya un solo sistema de contrataciones públicas, entonces se debe reunir lo mejor de otros mecanismos especiales para tener una misma ley sea aplicable a todos los casos en general.
PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS
El titular de la Contraloría manifestó que, en términos generales, existen cinco grandes problemáticas en el gasto realizado en contrataciones públicas, de los cuales la primera es la excesiva cantidad de normas de contratación, por lo que se necesita un sistema más simple basado en una sola normativa y que sea más estandarizado. La segunda problemática es el “débil proceso” de programación y planificación, lo que genera que no haya una idea clara de lo que se va a contratar en el Estado.
En tercer lugar, está la problemática de las contrataciones sin proceso, lo que genera problemas de falta transparencia, competencia y pluralidad de postores. “Hay una enorme cantidad de gasto que se va en contrataciones sin proceso, es decir las que son menores a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT)”, acotó.
La cuarta problemática es la poca cantidad de proveedores con experiencia en contrataciones públicas y eso origina que las contrataciones se hagan con precios muy caros, ya que no hay una competencia real de postores e inclusive hay casos de tres postores que pueden pertenecer a un mismo dueño. La quinta problemática se debe a las debilidades en los procedimientos de selección y deficiente administración de los contratos.
CONTROL POSTERIOR
Entre los años 2018 y 2022, la Contraloría General de la República emitió 3364 informes de control posterior que permitieron establecer que 11 927 funcionarios públicos tienen presuntas responsabilidades de tipo administrativa, civil y penal en hechos irregulares detectados en procesos de contrataciones públicas en el país, informó el contralor general, como resultado del análisis a las contrataciones 2018 – 2022.
Manifestó que entre las presuntas responsabilidades de índole penal que han sido detectadas, figuran la negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, colusión, peculado, entre otros.
“Hemos detectado muchas problemáticas que valdría la pena que sean analizadas ahora que se va a sacar una nueva Ley de Contrataciones del Estado, y su reglamento, para que se trate de resolver estos problemas que encuentra la Contraloría en sus investigaciones”, comentó.
Entre las principales problemáticas detectadas figuran presuntas irregularidades en la definición inicial del requerimiento durante la fase de actos preparatorios. En la fase de selección se evidenciaron, principalmente, problemas durante el otorgamiento de buena pro y firma del contrato (incumplimiento de requisitos del postor).
Por su parte, en la fase de ejecución presupuestal se tuvo que la principal observación son las deficiencias o no correspondencia entre características del bien, servicio u obra con las especificaciones, Términos de Referencia (TDR) o expediente. En materia de observaciones identificadas, la principal corresponde a irregularidades vinculadas a la fase de actos preparatorios, etapa de selección y/o ejecución contractual.
CONTROL SIMULTÁNEO
Durante su exposición, Shack Yalta mencionó que entre los años 2018 y 2022, la Contraloría realizó un total de 17 632 informes de control simultáneo a las contrataciones del Estado, con los cuales se emitieron un total de 22 925 alertas o situaciones adversas que generaban riesgos para estas actividades y fueron comunicadas oportunamente a las entidades públicas involucradas.
Del total de alertas emitidas, el 40.3% (9236) se realizaron sobre actos preparatorios, el 23.6% (5402) corresponden a los procedimientos de selección, el 27.3% (6248) están vinculados aspectos generales y el restante 8.9% (2039) a la fase de ejecución contractual de las contrataciones públicas.
En lo referido a la fase de actos preparatorios, las principales alertas emitidas son sobre deficiencias o inadecuada formulación del requerimiento de la contratación, y riesgos asociados a deficiencias en la designación y actuación del comité previo a la convocatoria. Sobre las fase de selección, las principales alertas son sobre riesgos identificados durante el otorgamiento de la buena pro y firma del contrato (incumplimiento de requisitos por parte del postor) y problemas durante la integración de bases de los procesos.
Mientras que en la fase de ejecución contractual se alertaron, principalmente, deficiencias en la etapa de conformidad del bien o servicio, o en la recepción de las obras, así como deficiencias o no correspondencia entre características del bien o servicio con las especificaciones o Términos de Referencia (TDR). En aspectos generales el principal riesgo alertado es sobre información desactualizada, errónea y duplicada que es registrada o no en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFObras)
Sin embargo, el Contralor General lamentó que, del total de riesgos alertados a las entidades públicas, el 26% (5994) no han sido corregidos por las mismas, lo que refleja la incapacidad de los gestores públicos para reaccionar y adoptar acciones correctivas, mientras que en el 14% (3320) no se han adoptado acciones. En el 51% (11 637) sí se adoptaron medidas para corregir los riesgos advertidos por la Contraloría.
