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Lunes, 06 de junio del 2022

Contraloría: Convocatoria para adquirir S/300 millones en urea no tenía condiciones para asegurar compra oportuna

La compra de más de 73 mil toneladas de fertilizantes presentaba un alto riesgo de que no se cumpla con la entrega oportuna de este insumo.




La Contraloría General de la República (CGR), dio a conocer mediante un informe, que la compra de más de 73 000 toneladas de fertilizantes, dispuesta por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario-Rural (Agro Rural), carecía de condiciones que garanticen la efectividad en el cumplimiento y la finalidad pública del proceso, poniendo en riesgo más de 300 millones de soles por parte del Estado.

Según el organismo, los lineamientos aprobados y las especificaciones técnicas (EETT) de la convocatoria internacional, lanzada el pasado 19 de mayo, para la compra de 73'529 toneladas de fertilizantes urea por S/348 887 735, no preveían "condiciones para la contratación del proveedor de los fertilizantes", tales como "plazos, lugar de entrega del bien, plazo de garantía técnica, forma de pago, fecha de internamiento y la cantidad por número de entrega", entre otros aspectos básicos para concretar la compra.

SIN RIGOR PARA LA COMPRA

El informe de la Contraloría, detalla que las EETT no especificaban "las toneladas que el proveedor debía entregar en la primera y segunda entrega y tampoco por puerto de destino".

Sobre los lineamientos para la selección de la oferta más favorable, la Contraloría señala que "no se previó requisitos de calificación o parámetros" para asegurar la selección "de una empresa que tenga la experiencia y capacidad para atender oportunamente" las más de 73 000 toneladas de fertilizantes requeridos.

Respecto a este punto, en las especificaciones técnicas, "solo se consideró la presentación de la constitución de la empresa, el estado financiero u otro documento equivalente que acredite ventas internacionales del bien objeto de la compra o similares en los últimos dos años", pero no se precisó "el volumen mínimo/máximo de producción o venta del bien solicitado".

Asimismo, sobre el proceso de convocatoria, la Contraloría señala que "no se previeron mecanismos de publicidad en la etapa de indagación de mercado", por lo tanto no estaba garantizada "la pluralidad de postores y libre competencia para seleccionar la oferta más ventajosa"

Otro hecho que resalta es el vinculado al comité encargado de las compras. Según la CGR, en los lineamientos se señalaba que estaba "facultado para seleccionar la oferta más favorable", y que sus funciones estarían acorde a "los principios del Código de Ética de la Función Pública". Sin embargo, "no se precisaron sus actividades y/o funciones".

AFECTA A LOS AGRICULTORES

La Contraloría señaló que con todas estas deficiencias detectadas en el proceso, Agro Rural corría el riesgo de "no cumplir con la entrega oportuna del fertilizante nitrogenado urea a los productores agrarios". Esto debido al incremento en los plazos establecidos para la entrega del insumo señalado en las especificaciones técnicas. 

El informe refiere que, según el cronograma de Agro Rural, la entrega en almacén del producto se iba a realizar el 3 de agosto, sin considerar otras actividades como “ensacado y etiquetado” que no figuran en el cronograma tentativo.

"Por lo tanto, las 73 529 toneladas de fertilizantes urea se habrían entregado en puerto probablemente el 4 de setiembre de 2022, siendo distribuidas a los almacenes periféricos de Agro Rural el 14 de setiembre y distribuyéndose a campo (beneficiarios) el 21 del mismo mes".

Sin embargo, la Contraloría precisó que la campaña agrícola va de agosto de 2022 hasta julio de 2023, "por lo cual los productores agrarios se proveen de los fertilizantes de manera anticipada a fin de garantizar el abonamiento de sus cultivos desde la siembra". Es decir, los fertilizantes hubieran llegado un mes tarde.

Como se sabe, el proceso de compra de los fertilizantes por parte del Estado tuvo como punto de partida la declaratoria de emergencia del sector agrario decretada el 19 de marzo pasado debido a los efectos de la COVID-19. Dicho proceso ahora ha sido declarado desierto tras la anulación de la licitación pública por parte de Agro-Rural.


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