Tras siete meses de espera, el Ejecutivo publicó a fines de marzo el reglamento de la Ley Nacional del Cáncer (Ley 31336). Este hecho histórico abre las puertas a la cobertura gratuita de cualquier tipo de cáncer para todos los residentes en el país y establece una política nacional integral para hacer frente a este mal, que cada año toma 35 mil vidas en Perú.
Aunque el documento establece pautas positivas que impactarán en la vida de más de 175 mil pacientes oncológicos peruanos, también deja vacíos como el de la fiscalización a las instituciones encargados de los procesos que hacen efectiva la ley. Asociaciones civiles como Con L de Leucemia y Lazo Rosado Perú, señalan que si bien es una nueva puerta abierta, todavía existen tareas pendientes y mencionan el recuento de algunas fortalezas y debilidades en el reglamento:
Puntos fuertes:
- Unifica la lucha contra el cáncer: ya que encarga al MINSA la aprobación de una Política Nacional oncológica que incluye la promoción, prevención, el diagnóstico y tratamiento oportuno, la rehabilitación y los cuidados paliativos; además de la investigación.
- Descentraliza los servicios: puesto que, además de establecer la creación de una Red Oncológica Nacional a cargo del INEN para fortalecer la atención a nivel nacional, declara de interés nacional el uso de telemedicina para la atención oncológica e incentiva la participación de los gobiernos locales en campañas de prevención y tamizaje.
- Mejora los procesos de compra de medicina moderna: debido a que autoriza al Minsa a utilizar nuevas formas de adquisición de productos farmacéuticos que permite a los pacientes acceder a mejores tratamientos y brinda al Estado la capacidad de negociar mejores acuerdos y precios.
La Ley Nacional del Cáncer peruana aborda los procesos más importantes para la atención de neoplasias, pero no termina de resolverlos. “Esta norma tiene limitaciones técnicas y aunque genere expectativas en la población, puede convertirse en una norma inaplicable si no cuenta con los recursos necesarios, además de generar mayor burocracia y tiempos de espera para los pacientes”, comentó Indyra Oropeza, presidenta de Con L de Leucemia.
Entre los puntos a mejorar, de acuerdo con las asociaciones de pacientes oncológicos figuran:
- Fiscalización: Existen plazos, pero no sanciones: si bien se garantiza el acceso a tratamientos oncológicos no considerados en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME) y se dictan periodos de respuesta para los funcionarios encargados de evaluarlos, se carece de sanciones para aquellos que no cumplan con los plazos. En consecuencia, las instituciones pueden incumplir con los plazos sin ningún problema.
- Periodos de evaluación para nuevos medicamentos muy extensos: si bien el reglamento define tres escenarios para la evaluación de medicamentos que aún no llegan a Perú y no están considerados dentro del PNUME, estos pueden extenderse desde 45 días si se trata de una emergencia hasta 150 días en el peor de los casos debido a la cantidad de autoridades y comités involucrados.
- Falta de presupuesto: a pesar de que la Ley promulgada en 2021 estableció la intangibilidad del presupuesto para “Prevención y Control del Cáncer”, esto no se respetó pues se redujeron los fondos en 62 millones de soles para 2022. Estos recortes solo permitirían ejecutar una parte de lo planteado en el reglamento y sería inviable asegurar la cobertura universal de pacientes.
“La Ley Nacional del Cáncer, ahora reglamentada, es un paso enorme al ser el primer marco normativo que nos ampara a todos los pacientes oncológicos y representa una base sobre la que se puede construir. Esperamos seguir trabajando de la mano con el Gobierno por el bien de todos los pacientes”, comentó Susana Wong, directora de Lazo Rosado y la Alianza Nacional contra el Cáncer.
Las asociaciones de pacientes confían en que las autoridades sigan escuchando sus recomendaciones, pues representan el pedido de los peruanos que padecen esta enfermedad y que esperan poder superarla para seguir contribuyendo con su familia y con la sociedad.
