La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales N° 208, correspondiente al mes de junio de 2021, el cual registra 193 conflictos sociales reportadors (138 activos y 55 latentes).
Casos nuevos
Respecto al mes anterior se incorporaron cinco conflictos nuevos, de los cuales dos se desarrollan en el departamento de Loreto. Un conflicto de tipo socioambiental involucra a las comunidades nativas San Juan Campesino, San Juan Nativo y Nueva Libertad, las cuales demandan a la empresa Pluspetrol Norte S. A. el pago de una indemnización por motivo de contaminación.
El otro conflicto es de tipo comunal y se desarrolla en el distrito de Trompeteros, donde la comunidad nativa de Providencia denuncia que la comunidad nativa de Peniel se encuentra asentada en su territorio y rechaza la ejecución de un establecimiento de salud en el sector que actualmente ocupa la comunidad nativa de Peniel.
También se registró un nuevo conflicto social por asuntos de gobierno local en Huánuco, donde el Frente de Defensa de los Intereses de Macuya exige a la Municipalidad Distrital de Tournavista, Municipalidad Provincial de Puerto Inca y a la empresa CEPSA el cumplimiento del acuerdo del enripiado y mantenimiento de 200 km. (60 km por año) de caminos vecinales y trochas carrozables que conectan los caseríos del centro poblado de Macuya.
Por otro lado, un nuevo conflicto involucró a los estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica, quienes solicitan a las autoridades de la universidad que se implemente el funcionamiento de los laboratorios, centros de aplicación, comedor y residencia universitaria de las tres filiales con medidas de bioseguridad, entrega de kits de internet a todos los estudiantes, derogatoria de la Ley Universitaria 30230, entre otras demandas.
En Apurímac se registró un nuevo conflicto social entre la Minera Las Bambas y la comunidad campesina de Huancuire, la cual sostiene que la empresa no estaría cumpliendo los compromisos asumidos en el convenio marco acordado entre las partes, y que se estaría realizando actividades en terrenos que tienen procesos judiciales pendientes de resolver.
