El Concejo Metropolitano de Lima aprobó, mediante el Acuerdo de Concejo N.° 107, la aceptación de una donación valorizada en S/ 822’876,391.45 otorgada por la operadora estadounidense Caltrain, consistente en 93 vagones galería, 20 locomotoras EMD F40PH-2 y repuestos relacionados. Aunque el documento oficial destaca que el material rodante “se encuentra en condiciones aceptables para su reacondicionamiento”, los equipos datan de entre 1985 y 2000, con reacondicionamientos previos realizados entre 1998 y 2002, según se indica en el acuerdo.
Esta medida fue gestionada bajo la administración del alcalde Rafael López Aliaga, quien fue autorizado mediante el Acuerdo de Concejo N.° 419 del 13 de noviembre de 2024 para suscribir la documentación necesaria. La decisión genera interrogantes sobre la sostenibilidad de modernizar el transporte público de Lima con material de más de cuatro décadas de antigüedad. La Oficina de Servicios Generales reconoció en su informe que “el 70% de las locomotoras y más del 80% de los vagones presentan estructuras sólidas y funcionales”, pero también admitió que requieren “mantenimiento correctivo y adaptaciones técnicas menores”.
Valor millonario, costo logístico incierto
El valor comercial asignado a los bienes asciende a US$ 224’829,615.15, equivalente a más de 822 millones de soles, según el tipo de cambio oficial del 1 de abril de 2025. La cifra proviene del informe técnico elaborado por la empresa Rail Electrical Services LLC, contratado para revisar los equipos ferroviarios. Sin embargo, la donación conlleva obligaciones económicas adicionales: “el cargo de donación (...) está referido al costo de obligaciones que deben cumplirse para la libre disposición de los bienes”, indica el Informe N.° D001272-2024-MML-OGAJ citado en el acuerdo.
Aunque se aclara que este cargo no constituye una retribución por los bienes, se deja entrever que los gastos de traslado desde Estados Unidos y puesta en destino en Lima no son menores. La Oficina de Planificación, Modernización y Gestión Financiera hizo un “estimado de los costos adicionales” para estos fines, aunque dichos montos no se detallan en el documento. Pese a ello, la Oficina de Presupuesto informó que “cuenta con la previsión de recursos” para asumir dichos costos, condicionada a que se efectúen “las modificaciones presupuestales respectivas”.
¿Modernización o reciclaje?
La gestión del alcalde de Lima Rafael López Aliaga ha promovido la operación como parte de un supuesto “fortalecimiento del sistema de transporte público urbano”, pero la antigüedad de los equipos y los compromisos asumidos generan dudas sobre si esta medida representa una verdadera modernización o un reciclaje de equipos desfasados. La propia Oficina de Servicios Generales admite que la operación implica “bajos riesgos operacionales”, lo cual podría interpretarse como una minimización de los desafíos técnicos reales.
Además, la aprobación del Acuerdo N.° 107 se realizó “por mayoría y con dispensa del trámite de aprobación del acta, para su inmediata ejecución”, lo que podría interpretarse como una urgencia poco transparente, dada la magnitud de la operación y los costos implícitos. A ello se suma la falta de detalles en el acuerdo sobre el plan de integración de estos equipos al sistema ferroviario nacional o la línea de tiempo para su implementación.
En definitiva, aunque la operación no ha requerido desembolso por la adquisición de los bienes, la ciudadanía espera mayor claridad sobre el costo total del proceso y su impacto en el sistema de transporte limeño. El alcalde Rafael López Aliaga, quien ha hecho de la infraestructura uno de los ejes de su gobierno, deberá rendir cuentas sobre cómo esta donación se traducirá en mejoras tangibles para los ciudadanos y no solo en una operación costosa con resultados inciertos.
