El Gobierno de Dina Boluarte ha decretado el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por un período de 30 días, con el objetivo de frenar la ola de criminalidad, extorsión y sicariato que afecta a la población. La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 035-2025-PCM, otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) el control del orden interno, con el respaldo de las Fuerzas Armadas.
Restricciones sin toque de queda
A diferencia de anteriores declaraciones de emergencia, la norma no contempla la imposición de un toque de queda. No obstante, sí restringe derechos fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de tránsito. En virtud de ello, las autoridades podrán intervenir sin orden judicial en situaciones que representen una amenaza para la seguridad pública, incluyendo la interrupción de reuniones o eventos si así lo consideran necesario.
La medida ampara a la PNP en el uso de facultades especiales para la identificación e intervención de sospechosos en zonas de alta criminalidad. La normativa también permite a las fuerzas del orden ingresar a viviendas y establecimientos comerciales sin previa autorización judicial cuando haya indicios de actividades delictivas.
Coordinación interinstitucional para la implementación
El Ministerio del Interior ha instruido a diversas entidades estatales a colaborar en la ejecución del estado de emergencia. Organismos como el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y Migraciones trabajarán de manera conjunta con la Policía Nacional para garantizar el cumplimiento de las disposiciones. Asimismo, gobiernos locales y el Gobierno Regional del Callao deberán sumarse a las labores de seguridad y control.
Informes y balance de la medida
Una vez finalizado el estado de emergencia, la PNP deberá presentar un informe detallado al Ministerio del Interior sobre las acciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos. Este balance permitirá evaluar la efectividad de la medida y determinar la necesidad de una posible prórroga o la implementación de estrategias complementarias.
El decreto fue emitido tras el asesinato del cantante Paul Flores, conocido como "Russo", integrante de Armonía 10. Su trágica muerte generó un fuerte impacto en la opinión pública y motivó al Ejecutivo a tomar medidas drásticas para enfrentar la creciente ola de violencia en el país.
