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Hace 2 meses

Alerta en Puno: declararán emergencia ambiental en cuenca Llallimayo ante contaminación hídrica

En respuesta a la grave contaminación en la cuenca Llallimayo, el Gobierno adoptará esta medida y planea acciones intensivas.




El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, junto a los titulares de Energía y Minas, Rómulo Mucho, y de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, ha iniciado conversaciones cruciales en Puno con el objetivo de atender la problemática ambiental en la cuenca Llallimayo. Esta reunión de alto nivel involucra a autoridades municipales y líderes de comunidades campesinas afectadas directamente por la contaminación en la región.

DECLARAN EMERGENCIA HÍDRICA

Durante el encuentro, se ha pactado gestionar una Declaratoria de Emergencia debido al riesgo de contaminación hídrica, provocada por vertimientos de la minera Aruntani SAC. En respuesta, Activos Mineros S.A. (Amsac) realizará estudios técnicos para determinar la ubicación y viabilidad de una planta de tratamiento de aguas, una medida esencial para mitigar la contaminación.

INVERSIONES Y PROYECTOS DE RECUPERACIÓN

El Ministerio de Energía y Minas comprometió una inversión de S/ 4 600 000 para derivación de aguas en varios distritos de Melgar, con el objetivo de reducir el impacto ambiental y mejorar la calidad de vida de los residentes. Esta suma se añade a los S/ 1 600 000 proporcionados por el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca para estudios de recuperación de la cuenca.

Antes de la reunión, los ministros realizaron un sobrevuelo sobre la cuenca Llallimayo para inspeccionar personalmente los daños. Este análisis aéreo es vital para la adecuada planificación y ejecución de las estrategias de recuperación que incluyen la construcción de la planta de tratamiento prometida.

Para fortalecer la coordinación y el seguimiento, se ha elevado la instancia de diálogo de la Mesa de Trabajo a una Mesa de Desarrollo. Este nuevo nivel de interacción busca facilitar una solución integral y duradera para la cuenca Llallimayo, con el apoyo continuo del gobierno y la participación de las comunidades afectadas.


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