Sedapal denunció que la Municipalidad de San Juan de Lurigancho viene afectando la operatividad financiera de la empresa de saneamiento al mantener ilegalmente embargados sus fondos en cuatro entidades bancarias desde julio de este año.
Según dicha compañía, la institución edil pretende cobrar una multa de S/ 8.4 millones que se impuso en 2012 al consorcio Huachipa, conformado por las empresas Camargo Correa y OTV, por dañar la infraestructura pública de dicho distrito.
Aseguró también que la comuna incorporó “de manera injustificada” en octubre del 2018 a la empresa en el proceso de sanción como tercero civil responsable, a fin de cobrarle ilegalmente la multa de un perjuicio que considera que no causó.
Cabe señalar que pese a que la deuda fue declarada cancelada en diciembre de 2018, el ejecutor coactivo municipal embargó en julio de este año todas las cuentas de Sedapal en cuatro entidades bancarias, perjudicando a la empresa.
Finalmente, Sedapal exige a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho levantar el embargo considerado por la compañía como ilegal dado que “pone en riesgo la prestación del servicio de agua potable de Lima y Callao”.
