Según el jefe del Instituto Nacional Penitenciario-Inpe, Luis Pérez, ningún centro de rehabilitación para drogadictos puede privar de su libertad a sus pacientes, y de hacerlo están cometiendo delito de secuestro.
Pérez Guadalupe afirmó que sólo puede haber encierro en casos extremos, cuando se trata de enfermos psiquiátricos y cuyos familiares autorizan que se tomen medidas de vigilancia rigurosa, para evitar que abandonen el centro.
Sin embargo, la coerción y la retención contra la voluntad es el común denominador de las comunidades terapéuticas informales, que se convierten en una especie de “cárceles privadas”, indicó el titular del INPE.
Basado en su experiencia de 20 años en rehabilitación, Pérez Guadalupe consideró que otra errónea metodología en el tratamiento de adictos a las drogas es enviar a los internos a las calles a vender golosinas, bisutería u otros productos.
