La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este viernes 30 de mayo al gobierno del presidente Donald Trump revocar el estatus legal temporal de más de 532,000 migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Los beneficiarios estaban acogidos al programa de “parole humanitario” creado por la administración Biden, que les permitía vivir y trabajar legalmente en el país.
FALLO CON IMPACTO HUMANITARIO Y POLÍTICO
El máximo tribunal aceptó la solicitud del gobierno para suspender una orden judicial previa que impedía terminar con este permiso. Aunque la decisión es provisional —mientras el caso sigue en litigio en un tribunal de apelación—, representa una victoria clave para Trump en su política migratoria más restrictiva. Las magistradas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson votaron en contra, advirtiendo que la medida tendrá “consecuencias devastadoras”.
Ambas juezas señalaron que la decisión pone en riesgo “las vidas y los medios de subsistencia” de medio millón de migrantes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Denunciaron que estos ciudadanos ahora enfrentan una elección “insoportable”: regresar a países inseguros o esperar en Estados Unidos bajo la amenaza de una deportación inminente.
DEPORTACIONES MASIVAS: PROMESA DE CAMPAÑA DE TRUMP
La revocación del parole forma parte del endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente Trump, quien durante su campaña prometió expulsar a millones de migrantes en situación irregular. Incluso ha invocado leyes del siglo XVIII —destinadas originalmente a tiempos de guerra— para justificar medidas extraordinarias, como el traslado de presuntos pandilleros venezolanos a cárceles en El Salvador.
Aunque el fallo es de carácter temporal, expertos advierten que podría marcar un precedente para futuras decisiones judiciales. Mientras tanto, las comunidades migrantes afectadas viven con incertidumbre, temiendo ser separados de sus familias o devueltos a contextos de alta inseguridad.
