El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este jueves que la ciudadanía por nacimiento fue establecida para proteger a los hijos de esclavos tras la Guerra Civil, y no a los hijos de inmigrantes con estatus migratorio irregular o temporal. La declaración coincide con la revisión que hace la Corte Suprema de su orden ejecutiva firmada en enero para restringir este derecho constitucional.
En su red social Truth Social, Trump defendió que la Enmienda 14 fue impulsada en 1866 en un contexto totalmente distinto. “La ciudadanía por nacimiento trata de los hijos de esclavos”, escribió, y añadió: “No tenía nada que ver con la inmigración ilegal de personas de todas partes del mundo que quieren estafar a nuestro país, algo que han hecho durante muchos años”.
La Corte Suprema evalúa la legalidad del decreto presidencial
La orden presidencial fue temporalmente bloqueada por jueces federales en Maryland, Washington y Massachusetts, quienes concluyeron que el mandatario no puede modificar la Constitución mediante un decreto. La Corte Suprema, integrada por seis jueces conservadores y tres liberales, se centra ahora en determinar si los tribunales inferiores tienen competencia para suspender medidas presidenciales de manera nacional.
La decisión del Supremo podría sentar un precedente clave sobre la capacidad del poder judicial para limitar las acciones ejecutivas. Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos civiles e inmigrantes han presentado múltiples demandas para frenar la implementación de la orden.
Consecuencias sociales y demográficas de la medida
El Migration Policy Institute (MPI) estima que cerca de 255.000 bebés se verían afectados cada año si se elimina la ciudadanía automática por nacimiento. Además, proyecta que la población indocumentada en EE.UU. podría aumentar en 2,7 millones hacia 2045, y en un 40 % para 2075, si se concreta la política de Trump.
Según los investigadores Jennifer Van Hook, Michael Fix y Julia Gelatt, esta situación crearía “una clase de residentes nacidos en EE.UU., pero desprovistos de sus derechos de ciudadanía”, lo que podría provocar serias fracturas sociales y económicas. También señalaron que al menos 500.000 niños nacidos en EE.UU. vivían en México en 2020, debido a deportaciones de familiares o retornos voluntarios.
