En un intento por enfrentar la crisis de natalidad que afecta al país, el Parlamento ruso ha aprobado una controvertida ley que restringe a las mujeres la posibilidad de manifestar su decisión de no tener hijos. La normativa contempla severas sanciones económicas y medidas adicionales contra quienes promuevan estas ideas, lo que ha generado críticas.
La ley establece multas de hasta 4000 euros para individuos y 50 000 euros para empresas que difundan mensajes que desmotiven la maternidad. Además, en el caso de mujeres extranjeras que promuevan esta postura, se aplicará la deportación inmediata. Las restricciones abarcan cualquier contexto, desde conversaciones informales hasta publicaciones en redes sociales, libros y películas.
Solo se permitirán excepciones en tres situaciones específicas como: motivos religiosos, razones médicas, y en casos de violación.
El presidente Vladímir Putin respaldó la ley argumentando que el crecimiento demográfico es esencial para el país, recordando que en generaciones pasadas las mujeres tenían familias numerosas. "Muchas de nuestras abuelas y bisabuelas tenían ocho o más niños," afirmó el mandatario.
La medida también busca censurar cualquier contenido que fomente la decisión de no tener hijos. Esto incluye publicidad que no represente a niños, publicaciones en redes sociales, información en medios de comunicación y productos culturales, como películas y libros.
De manera sorprendente, el gobierno ruso ha equiparado el rechazo a la maternidad con delitos graves, incluyendo la pedofilia, calificando esta postura como una amenaza a los valores tradicionales del país.
NUEVAS RESTRICCIONES SOBRE ADOPCIONES
En el marco de esta ley, Rusia también ha prohibido la adopción de menores rusos por ciudadanos de países que permitan la transición de género, como España. Esta decisión refuerza el objetivo del gobierno de proteger lo que considera los "valores tradicionales rusos".
Diversos sectores han señalado que esta normativa representa un retroceso en los derechos individuales, en especial para las mujeres, y restringe su capacidad de decidir sobre sus propias vidas. Además, plantea preocupaciones sobre el aumento del control estatal en la vida cotidiana y la libertad de expresión.
