El acuerdo internacional contra la falsificación y piratería, más conocido por sus siglas en inglés como ACTA, fue rechazado por amplia mayoría en el Parlamento Europeo. La razón del rechazo es el planteamiento, que genera dudas acerca de su efectividad y cómo podría vulnerar los derechos ciudadanos.
Para que ACTA pudiera aplicarse, debía ser ratificado por los 22 miembros de la Unión Europea. Solo bastaba con un voto en contra, o que el mismo Parlamento Europeo no lo ratificara para que el acuerdo se anulara.
Críticos del mencionado acuerdo afirman que la redacción de ACTA es el principal problema, debido a que podría generar diversas interpretaciones.
Otros países como Canadá, México, Estados Unidos, Marruecos, Corea del Sur, Japón, Singapur, Australia y Nueva Zelanda también han discutido la vigencia de ACTA.
