Frente a la solicitud de arbitraje contra el Estado peruano presentada por la empresa Graña y Montero ante el CIADI, en una edición más de Entre Dudas y Murmuraciones, Víctor Hugo Quijada consideró que el resultado debería ser favorable para el Estado.
El arbitraje se suma al interpuesto por la empresa española Enagás. Ambas pretenden que el Estado pague por los daños causados tras haber resuelto el contrato del Gasoducto Sur Peruano, asumido por Odebrecht, Enagás y GyM.
No obstante, Quijada remarcó que dicho contrato “tenía cláusula anticorrupción y Barata ha reconocido el pago de coimas” por lo tanto, de acuerdo a la jurisprudencia internacional, “los contratos públicos de inversión que derivan de actos de corrupción son nulos”.
Es por ello que el tribunal arbitral tiene tres escenarios posibles: “rechazar la demanda y declararla improcedente, inhibirse declarándose incompetente o conocer y pronunciarse de fondo declarando la nulidad del contrato”.
“Por lo tanto, el Estado tiene los argumentos legales necesarios para poder ganar ambos procesos arbitrales”, acotó Quijada.
