El gobierno de Dina Boluarte declaró el 7 de diciembre como el ‘Día de la Institucionalidad, del Estado de Derecho y de la Defensa de la Democracia’. Esta nueva efeméride, que se conmemorará mañana por primera vez, responde a la oficialización instaurada por el Estado en honor a la respuesta de las instituciones públicas frente al fallido golpe de Estado perpetrado por el exmandatario Pedro Castillo en 2022.
“Que, con fecha 7 de diciembre de 2022, la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país estuvieron seriamente amenazados; no obstante, debido a la fortaleza de la institucionalidad pública, expresada en la actuación decidida de los organismos llamados a defenderlos, bajo los estrictos cánones constitucionales y legales, además del concurso invalorable de la sociedad civil, es que hoy nuestra democracia se mantiene incólume”, se lee en Decreto Supremo.
Mediante el Decreto Supremo N° 136-2023-PCM, publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano, el Ejecutivo estableció la celebración anual con el objetivo de fomentar “los valores democráticos e institucionales en la ciudadanía y estimular la conciencia colectiva sobre el Estado Constitucional y Democrático de Derecho”.
DETALLES
En el documento se precisa que ese día se dispondrá de la ceremonia de izamiento de la Bandera Nacional en todo el país como acto cívico.
Adicionalmente, señalan que en la ceremonia oficial participan las instituciones públicas y privadas, siendo presidida por el gobernador regional, alcalde provincial, alcalde distrital o por la autoridad competente, según corresponda a la circunscripción territorial.
El decreto lleva las firmas de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y del titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.
PEDRO CASTILLO Y SU FALLIDO GOLPE DE ESTADO
Como bien se recuerda, el pasado 7 de diciembre del 2022, el exmandatario Pedro Castillo intentó cerrar el Congreso, así como intervenir el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, con el fin de pasar a gobernar por decreto.
Durante este proceso instó a la ciudadanía entregar su “armamento ilegal” y llamó a que la PNP, las Fuerzas Armadas y las rondas campesinas lo apoyen; no obstante, no tuvo éxito. Pero, pese a ello, no se libró de una investigación penal.
Tras estos hechos, la Policía Nacional del Perú lo detuvo por la presunta comisión en flagrancia del delito de rebelión cuando iba a la embajada de México. Dicha detención fue validada por la Corte Suprema; sin embargo, año después de este suceso, la Fiscalía de la Nación aún no concluye su investigación penal sobre este tema.
El exmandatario cumple actualmente una orden de 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo por dicha investigación, en la que se le atribuyen los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad. Es importante mencionar que la orden expirará el 6 de junio del 2024.
(Con información del diario El Comercio)
