El congresista Flavio Cruz (Perú Libre) ha generado controversia con un proyecto de ley que propone reducir el tiempo de inhabilitación para funcionarios condenados por corrupción. Actualmente, la ley establece que la inhabilitación puede ser de 5 a 20 años. Sin embargo, la propuesta de Cruz plantea que esta no exceda la duración de la pena impuesta en la sentencia.
NIEGA RELACIÓN CON CERRÓN
Ante las críticas, Cruz negó que esta iniciativa busque beneficiar al prófugo fundador de su partido, Vladimir Cerrón. “¿Por qué todo tiene que ser Vladimir Cerrón? No necesariamente. Yo soy abogado litigante, vengo de la experiencia y veo muchos casos en situaciones similares, por eso lo planteamos”, aseguró. Además, enfatizó que el proyecto solo se aplicaría cuando exista una sentencia firme.
El legislador evitó responder preguntas sobre los beneficios de la norma, indicando que explicará los detalles en la comisión correspondiente. “Permítanme explicarlo en su momento en la comisión. Ahora puedo decir algo que se malinterprete o se saque de contexto”, agregó.
OTRO PROPUESTA QUE BENEFICIARÍA A LA DELINCUENCIA
Otra medida que genera preocupación es la autógrafa de ley enviada al Ejecutivo por el Congreso, que elimina la posibilidad de detención preliminar en casos que no cuenten con flagrancia. Esta disposición, incluida en una norma que busca garantizar la presunción de inocencia para efectivos policiales, limitaría detenciones en casos como los de “Los Dinámicos del Centro” o “Los Niños” del Congreso.
La disposición final establece que las detenciones preliminares solo podrán ejecutarse en casos flagrantes, lo que limita una herramienta clave utilizada por la Fiscalía en investigaciones complejas. Actualmente, la detención preliminar permite la captura cuando existen indicios razonables de un delito y diligencias urgentes e impostergables, bajo autorización judicial.
La presidenta Dina Boluarte tiene hasta el 11 de diciembre para promulgar u observar la norma. Si decide observarla, el Congreso podría aprobarla por insistencia, intensificando la controversia sobre estas propuestas legislativas que algunos sectores consideran un retroceso en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
