Más de cuatro familias de San Juan de Lurigancho denuncian que serán desalojadas luego de ser víctimas de estafa. La víctima principal, Tomás Carita, de 87 años, enfrenta la posibilidad de perder la casa donde ha vivido durante más de 50 años.
La historia se remonta a un remate judicial en el que la vivienda fue supuestamente vendida a César Enrique Mendoza Monge por la empresa promotora y administradora de empresas SRL. Sin embargo, Tomás Carita y sus vecinos sostienen que la venta fue producto de una estafa, ya que la deuda que se pretendía saldar no les pertenecía.
La abogada de la familia, la Dra. Ingrid Arones, revela que la empresa en cuestión vendió la propiedad a Tomás, quien pagó de manera íntegra y cuenta con recibos que respaldan sus transacciones. La responsabilidad recae en Sandro Enrique Antenor Herrera Granda, representante de la empresa, quien anteriormente ha tenido denuncias por tráfico ilícito de terrenos y lavado de activos.
Herrera Granda figura en diversas investigaciones fiscales, siendo considerado líder de una presunta organización criminal. Se le imputan delitos como estafa agravada y la fiscalía lo cataloga como un comprador de influencias con supuestos vínculos con Walter Ríos Montalvo, una figura clave en la presunta organización criminal conocida como "Los Cuellos Blancos del Puerto".
Asimismo, Herrera habría tenido un vínculo con un empresario vinculado a licitaciones millonarias con Petroperú durante el gobierno del expresidente, Pedro Castillo.
Por su parte, los vecinos de San Juan de Lurigancho se movilizan para respaldar a Tomás Carita y sus vecinos, exigiendo la anulación de la compra por remate judicial y una investigación exhaustiva de los hechos. Más de 40 personas, miembros de una misma familia, han expresado su firme oposición al desalojo y su determinación de proteger la vivienda hasta las últimas consecuencias.
