Tras el paro de transportistas del pasado 26 de setiembre, el Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia en los distritos de Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho - Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa y Villa El Salvador, y en el distrito de Ventanilla, en el Callao.
La medida tiene una duración de 60 días y se da con la finalidad de proteger a los ciudadanos de la inseguridad y de los latos grados de delincuencia que azota las calles de Lima y Callao.
¿Estado de emergencia no detiene la ola de crímenes?
Como se recuerda el gremio de transportistas realizó un paro en Lima y Callao, en protesta por la ola de extorsiones y violencias en las que se ven envueltos por organizaciones criminales.
Una medida que llevó al Gobierno a declarar el estado de emergencia, “Una medida que se decreta siempre y cuando la sociedad se encuentre bajo la perturbación de la paz, el orden interno, catástrofe o graves circunstancias que afecten la vida de las personas. Con esta medida, se pueden suprimir algunos derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personal”, según la Constitución de 1993.
Pero lo alarmante es que en más de una semana de la medida tomada, la delincuencia no parece detenerse en los distritos declarados en emergencia.
En esta crónica de Al Sexto Día, toda la inseguridad en las calles de Lima y Callao, sicariato, extrosiones y atentados en pleno estado de emergencia.
