Victor García Toma, especialista en derecho constitucional, comentó que la inmovilización social obligatoria que rigió en Lima Metropolitana y Callao durante el día ayer, y afecto a más de 10 millones de personas, fue un “atropello de derechos fundamentales”.
“El problema de un grupo de huelguistas en el ámbito del transporte y de dirigentes agrícolas, que planteaban una solución al problema del aumento del precio de la gasolina y el aumento de insumos, no se resuelve con una inmovilización ciudadana. Se resuelve con diálogos sensibles, con decisiones y propuestas que lamentablemente no estaban en la mesa”, declaró.
Agregó que hay un inconveniente de proporcionalidad, ya que actualmente se ejecutaba une estado de emergencia por el aumento de delincuencia, pero añadir una medida adicionalmente más gravosa implica que “el Gobierno ha fracasado en establecer un plan de emergencia”. Además dicho plan afecta aún más la libertad personal de los peruanos.
“Una medida que podríamos calificar de absurda e inconstitucional y absurda, que abrió la puerta a lo que ya se podría calificar como el hartazgo de la ciudadanía”, afirmó el magistrado.
