24 Horas Edición Central

05/01/2012

Perú protestó por denominación de “insurgente” dada por la CIDH al grupo terrorista MRTA

El Gobierno del Perú envió una nota de protesta por la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de otorgar el calificativo de grupo “insurgente” al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).




 

El Gobierno del Perú envió una nota de protesta por la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de otorgar el calificativo de grupo “insurgente” al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), informó el ministro de Justicia, Juan Jiménez.

“Se ha presentado una nota de protesta al Sistema Interamericano señalando el enérgico rechazo del gobierno del Perú a la calificación de movimiento insurgente de este grupo terrorista”, subrayó en su presentación ante el Congreso de la República.

La CIDH decidió interponer una acción contra el Estado Peruano por supuestamente no procesar en el fuero civil a un grupo de los comandos que participaron en la operación militar “Chavín de Huántar”, acusados de haber ejecutado a algunos terroristas que se habían rendido durante el rescate de rehenes de la residencia del embajador de Japón, en 1998.

Esta decisión generó una fuerte polémica en el Perú donde los comandos que participaron en la citada operación son considerados héroes por haber arriesgado sus vidas para rescatar a los rehenes.

Por ello, Jiménez explicó que la posición del Perú se basa en fundamentos jurídicos, y recordó que la resolución 587 del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobada en 1992, califica al MRTA y Sendero Luminoso (SL) como grupos terroristas.

Asimismo, Jiménez añadió que la agenda del gobierno en materia de derechos humanos se basa en la inclusión de los más pobres, con lineamientos basados en estándares internacionales. “La agenda de Derechos Humanos en el Perú no es la agenda de la CIDH”, subrayó.

En otro momento, añadió que el gabinete de ministros está cohesionado en el objetivo de rechazar la pretensión de la CIDH de impulsar un juicio contra los comandos Chavín de Huántar, en el marco del caso Eduardo Cruz Sánchez.

“Ahí queremos ser enfáticos en señalar la defensa jurídica del Estado en relación a este caso que ha conmovido a la opinión pública y ha planteado el rechazo sin ambigüedades del Gobierno en relación a esta ejemplar actuación militar de nuestros comandos”, subrayó.


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