Tras el asesinato del vocalista de Armonía 10, Paul Flores, conocido como 'El Russo', diversas bancadas del Congreso han decidido dejar de blindar al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y han presentado una moción de censura en su contra. La medida, impulsada por la congresista Susel Paredes, finalmente alcanzó las 33 firmas necesarias para ser tramitada.
El crimen del cantante se suma a una alarmante ola de violencia en el país, que ya ha cobrado 444 vidas en los primeros 72 días del año, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). La situación ha puesto en evidencia la inoperancia del Ministerio del Interior en la lucha contra el sicariato, la extorsión y la inseguridad ciudadana.
El fin de la protección política a Santiváñez
Durante meses, Santiváñez recibió el respaldo de diversas bancadas, incluyendo Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP), que pese a exigir su renuncia en comunicados recientes, nunca apoyaron las mociones de censura presentadas anteriormente. Sin embargo, el brutal asesinato del artista generó una reacción tardía de ambos partidos, quienes ahora buscan distanciarse del cuestionado ministro.
Lady Camones, legisladora de APP, fue la última firma que aseguró la viabilidad de la moción de censura, sumándose a los legisladores de Renovación Popular, Bloque Democrático Popular, Honor y Democracia, Bancada Socialista, Juntos por el Perú y Podemos. "Esto es insostenible. Apoyo la censura. ¡No más Santiváñez!", declaró Camones en su cuenta de X.
Críticas a la inacción del Gobierno
El pedido de censura refleja no solo el descontento del Congreso, sino también la frustración de la ciudadanía ante la creciente inseguridad. "Finalmente, con la firma de la congresista Camones, hemos conseguido las 33 firmas para proceder a la censura del ineficiente ministro Santiváñez, después de tantas muertes de inocentes", manifestó Paredes. "Ahora comienza el verdadero partido para ver quiénes defienden al Perú".
Mientras tanto, la bancada de Renovación Popular ha ido más allá al exigir la reorganización del Ministerio Público y el Poder Judicial, el retiro del país de la Corte IDH, el reemplazo del comandante general de la Policía Nacional del Perú y la declaratoria de estado de emergencia para militarizar la seguridad.
