Luego de dar la cuestión de confianza, el siguiente paso del Congreso de la República es la aprobación de los seis proyectos propuestos por el Ejecutivo como parte de la reforma política. A continuación los explicamos:
N.º 1: Personas condenadas no pueden ser candidatas
Esta iniciativa propone que las personas que tengan una condena en primera instancia por una pena mayor a cuatro años no puedan ser candidatos. Esta medida resulta útil ya que muchas veces se ha visto llegar al Congreso personas con procesos legales serios y a pesar de estos postularse a diversos cargos.
N.º 2: Que cualquier ciudadano/ciudadana pueda seleccionar a sus candidatos
Es decir, se está implementando un sistema de elecciones primarias. En estas, cualquier ciudadano, no solo los partidarios inscritos en un determinado grupo político, pueden votar seleccionando a sus candidatos.
N.º 3: Eliminar el voto preferencial
Actualmente cuando votamos tenemos la alternativa de elegir uno o dos candidatos congresales de preferencia. Con esta nueva medida, al votar por una lista congresal los parlamentarios serán elegidos por el orden en la lista. Además, la propuesta incluye la alternancia y paridad de género, la cual exige un número igual de hombres y mujeres y que estos estén en orden alternado.
N.º 4: Para inscribir una organización política se requiere un número mínimo de afiliados
Cuando uno quiere inscribir una organización política puede pedirle firmas a cualquier ciudadano de a pie, sin embargo esta actualización implica que quienes firmen y respalden a dicha organización sean miembros activos.
N.º 5: Prohibir el uso de dinero “sucio” en campañas
Es decir, prohibir el financiamiento de organizaciones políticas con dinero de origen ilícito así como la información falsa sobre los aportes. Es importante transparentar cómo un partido político se financia y de dónde saca el presupuesto para su campaña política.
N.º 6: Inmunidad parlamentaria pueda ser levantada por la Corte Suprema
Esta iniciativa busca que la decisión de levantar la inmunidad parlamentaria por delitos comunes esté a cargo de un órgano autónomo. Actualmente es el Congreso quien toma esta decisión.
