El último martes 14 inmuebles fueron allanados por un equipo especial del Ministerio Público, con la finalidad de recavar información sobre un presunto favorecimiento a la constructora brasileña Odebrecht, de parte de un grupo de árbitros y dos ex funcionarios públicos, a través de fallos para que la misma cobrará millones de dólares al Estado Peruano.
Las investigaciones por este caso están a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche, quien designó a dos fiscales adjuntos para llevar a cabo las diligencias en oficinas y viviendas, ubicadas en los distritos de Surco, Lince, El Agustino, Ate, San Isidro, Punta Hermosa, Miraflores y La Molina.
Dichos inmuebles le pertenecen al ex procurador público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Jaime José Vales Castillo, al exdirector de Concesiones del MTC, Celso Martín Gamarra Rois y los árbitros Franz Nunzio Fernando Kundmuller, Fernando Cantuarias Salaverry, Luis Fernando Pebe Romero, Luis Felipe Pardo Navaez y Randol Edgard Campos Flores.
Para mayo del 2018 también se incluyó en las investigaciones a Humberto Abanto, defensa del ex secretario general de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama, tras ser acusado de lavar activos de la constructora brasileña a través de la campaña electoral del partido de Keiko Fujimori.
Con respecto a Abanto, el fiscal Germán Juárez señaló ante un medio local que su vivienda no se pudo allanar porque no había la autorización correspondiente debido a que el juez que aprobó estas diligencias consideró que el colaborador eficaz no lo vinculó de manera sólida.
De igual manera se encuentra el abogado Horacio Cánepa luego que se conociera que Odebrecht le realizó un depósito por 435 mil dólares en una cuenta de Andorra por la emisión de 17 laudos a favor de la menciona empresa por las obras Interoceánica Tramos II y III y por la carretera IIRSA Norte.
Tras las diligencias se lograron incautar varios documentos y se espera que con los mismos se logré hallar algún dato que permita corroborar la hipótesis del fiscal Juárez Atoche, quien presume que la constructora brasileña pagaba coimas a los árbitros a fin de que emitieran fallos a su favor cuando existía un arbitraje con el Estado Peruano.
