La creación de la Autoridad Nacional de Transparencia se oficializó el último sábado a través de la publicación del decreto legislativo 1353. Entre sus objetivos está dirigir políticas de acceso a la información para luchar contra la corrupción.
Roberto Pereira, quien integró la comisión que propuso la creación del órgano, cuestionó que la Autoridad de Transparencia sea adscrita al Ministerio de Justicia, pues se esperaba sea autónoma. “El peligro es que esta entidad responda a criterios y lineamientos políticos del ministro de turno y simplemente se convierta en un ente que convalide la actuación del Estado”, comentó el abogado.
Asimismo, Pereira indicó que las sanciones a funcionarios y entidades que no entreguen información pública a la persona que las solicite no podrán ser efectivas, pues la autoridad no tendrá injerencia en los procesos sancionadores sino hasta después de que sea apelada.
Del mismo modo, el letrado advirtió que la autoridad no se encargaría directamente de clasificar una información como secreta. El reglamento de la Autoridad Nacional de Transparencia se emitirá en un plazo de 90 días. El decreto legislativo se dio en el marco de las facultades delegadas por el Congreso de la República.
