El reportaje que presenta las irregularidades en el manejo de fondos destinados a las zonas del Vraem ha causado que el Ministerio de Defensa denuncie a sus autores. Rossana Cueva y Karina Novoa son acusadas de traición a la patria en la modalidad de revelación de secretos nacionales.
Tras la denuncia, la fiscalía pidió a la Policía Nacional que recoja la versión de ambas periodistas; sin embargo, no lo hicieron. Pasados los 30 días de investigación policial, ahora el Ministerio Público solicita que se le devuelvan los documentos, para preparar la acusación.
¿Es este un proceso que atenta contra los derechos de expresión e información? La procuraduría del Ministerio de Defensa basa su denuncia en el artículo 330 del código penal peruano. Durante la elaboración del reportaje, el mismo inspector general del Ejército, César Astudillo, aceptó una entrevista para Panorama. Nunca alertó sobre el supuesto delito en el que se incurría.
El reportaje denuncia la existencia de colaboradores fantasmas a los que el Ejército pagaba para que brinden información de inteligencia. Algunos mencionados aceptaron ser entrevistados por Panorama y aseguraron nunca haber trabajado en inteligencia, en la zona del Vraem.
Es más, en un documento original de relación de gastos del Ejército, se tenía la firma, el nombre y el apellido de los colaboradores fantasmas ¿Es posible que siendo información secreta, el mismo Ejército evidencie a los supuestos informantes?
El dinero de todos los peruanos era mal usado por las autoridades. Se gastaba fuertes sumas en caros restaurantes y bares, evidencia de corrupción ¿Era necesario que los mismos peruanos lo sepan?
Para el constitucionalista Enrique Bernales, el gobierno inició con esta denuncia por una persecución política contra las periodistas de Panorama. Las serias denuncias contra irregularidades y actos de corrupción que presenta Panorama sería el motivo por el cual las autoridades iniciaron la denuncia. Javier Barreda, sociólogo y exviceministro, respalda esa posición.
El Ministerio Público formularía la denuncia ante el juzgado ¿Tendrá pruebas suficientes para sustentar las acusaciones o será un atentado del Gobierno contra la libertad de prensa? El presidente Ollanta Humala aún no se pronuncia al respecto.
